No debería sorprender que México preguntará por primera vez sobre este tema en el censo, que arranca este lunes y terminará el 27 de marzo. La inclusión de la pregunta supone un avance decisivo para los derechos de las minorías étnico-raciales y para empezar a saldar la deuda histórica de un país que ha borrado de su historia oficial y de la vida pública a la población negra desde hace más de dos siglos.

 

 

“Necesitamos este reconocimiento estadístico para empezar a exigir otras cosas”, señala Beatriz Amaro Clemente, del Consejo Directivo de Unidad para el Progreso de Oaxaca. Las organizaciones afrodescendientes han luchado durante al menos dos décadas para que se considere a la población negra en el censo, que se realiza cada 10 años. En 2015 hubo una primera aproximación gubernamental, con una muestra intercensal. Hasta ese año, el número de afromexicanos y población negra de otros orígenes era una incógnita, aunque académicos calculaban que había alrededor de 250.000 personas. Los datos oficiales, en cambio, arrojaron que había 1,4 millones de habitantes, alrededor del 1,2% de la población y cinco veces más que si no se hubiera medido por una encuesta del Gobierno.

 

Ahí, explica Amaro Clemente, radica la importancia de medir oficialmente. La lucha fue abanderada por grupos mixtos de hombres y mujeres, pero sobre todo por feministas porque las afromexicanas, por ejemplo, no solo son discriminadas por su tono de piel, también por ser mujeres. “El censo nos abre la posibilidad de tener esta discusión y de entender mejor cómo funciona la desigualdad”, apunta Mónica Moreno, académica de Cambridge y parte del Colectivo para Eliminar el Racismo en México (Copera). “Sabemos que la población afrodescendiente e indígena se concentra históricamente en las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, pero no sabemos cuánto se debe a discriminación y cuánto a las características de esas regiones”, agrega la investigadora.

 

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