El motín que tuvo lugar en una prisión de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos, puso al descubierto las debilidades y la corrupción que imperan en muchas prisiones de México, donde se trafica con drogas y armas y donde los reclusos tienen el control de las instalaciones.
En las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 1 de enero en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que dejaron un saldo de diez custodios y siete internos muertos, se descubrió que existía un «autogobierno» de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, donde tenían televisión, teléfonos celulares, camas confortables.
