Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de tener vínculos con el crimen organizado. La FGR no se quedó callada ni dijo que sí a todo: le exigió que entregue los documentos y pruebas que respaldan esa acusación. Porque acusar es fácil, probar es otra cosa.
El movimiento de la Fiscalía no es un capricho ni una maniobra para proteger al gobernador. Es lo que marca el proceso de cooperación jurídica entre los dos países: antes de que México actúe con base en señalamientos externos, necesita ver el expediente completo. Sin papeles, no hay caso. Así funciona el derecho internacional, aunque a veces se olvide de forma conveniente.
Rocha Moya sigue en su cargo y ha negado todo. Pero el solo hecho de que su nombre aparezca en una acusación del lado americano ya pesa, y en un estado como Sinaloa, con todo lo que implica hablar de crimen organizado, ese peso no es menor.
La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad nunca ha sido sencilla. Hay acuerdos sobre el papel y desconfianza en la práctica. Este caso lo ilustra bien: EU lanza la acusación, México pide que la sustente, y en medio quedan preguntas que ninguno de los dos gobiernos tiene prisa por responder.
Si Washington entrega pruebas sólidas, la presión sobre Rocha Moya se vuelve insostenible. Si no las entrega, o llegan a medias, el caso se diluye y todos siguen como si nada. La pelota está del lado americano. Lo que hagan con ella dirá mucho sobre qué tan en serio van con esto.
