La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha incumplido tres veces en lo que va de su administración con su obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y los programas que de él dependen.
Se supone que este plan debe establecer las bases y políticas públicas que marquen hacia dónde debe dirigirse la capital del país durante los próximos 20 años y evitar su crecimiento caótico.
De acuerdo con urbanistas, abogados, activistas y constituyentes, Sheinbaum ha cometido errores legales y de procedimiento que a resultado en el fracaso de una consulta pública ordenada para tal fin en diciembre pasado; peor aún, violando los derechos humanos.
Después de este fiasco, que ella misma consideró un proceso «acelerado» y con errores), la alcaldesa envió al Congreso local una iniciativa para hacer modificaciones constitucionales relacionadas con los términos del plan -sin embargo, los críticos consideran esta «equivocación insuficiente».
